Proveedores de alimentos en picada contra la Junaeb: acusan "improvisación y desorganización" en medio de la pandemia

Darío Calderón, presidente de la Asociación Gremial Nutre Chile, que reúne 14 empresas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar, acusó a la dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) de una "absoluta improvisación y desorganización" en medio de la pandemia.

El abogado envió una dura carta al director de la Jubaeb, Jaime Tohá, luego que el servicio decidiera caducar, a principios de mayo, el contrato con la Sociedad Distribuidora de Productos Alimenticios S.A (Dipralsa), que hasta el momento era la encargada de la entrega de la canasta de alimento en la Región de los Lagos.

La misiva fue presentada en el juicio que inició Dipralsa en contra de la Junaeb, mediante un recurso de protección, el cual fue declarado inadmisible ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago. "Se denuncia un conflicto contractual y reclaman derechos que deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial que corresponda, por lo que no será admitida a tramitación", dice la resolución.

Cuestionamientos y respuesta

En su carta, Calderón -en representación de las empresas asociadas a Nutre Chile-, manifestó: "Cumplo con manifestar nuestra profunda preocupación por el conjunto de medidas, a nuestro juicio arbitrarias, ejecutadas por esa institución durante el presente año 2020".

En especial, apuntó a aquellas instruidas en el contexto de la contratación del servicio para la provisión de las canastas de alimentación creadas para atender el Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos durante el Estado de Catástrofe decretado a causa de la Pandemia del Covid-19.

"Al respecto, y tal como se lo expresamos formalmente en el mes de abril de este año, todo el proceso de contratación y adquisición de las referidas canastas de alimentación ha estado marcado por la más absoluta improvisación y desorganización de parte de esa autoridad, en directo perjuicio a la imagen y situación patrimonial de las empresas proveedoras", sostuvo Calderón en su carta a Tohá.

Aseguró que las empresas se han visto seriamente afectados por lo que calificó como poca claridad en las directrices impartidas por la institución, una supuesta ambigüedad en cuanto a los productos y cantidades solicitadas, a lo que sumó un intento de imponer los precios de adquisición y luego compeler a su rebaja.

El abogado recordó que, durante marzo, la Jubaeb llamó a todos los concesionarios con contrato vigente para que ofertaran precios por la confección y distribución de las canastas en sus respectivas unidades territoriales, imponiendo unilateralmente –aseguró- las condiciones para dicha contratación.

Luego, afirmó que la autoridad decidió recortar la cantidad de canastas a entregar en un segundo y tercer ciclo. Esto, dijo Calderón, afectó las expectativas que tanto los beneficiarios como sus familias se habían hecho en cuanto a la adquisición de la ayuda estatal.

"Al mismo tiempo, y como corolario de un proceso administrativo completamente deficiente y guiado más por la política que por el rigor que exige el ejercicio de la función pública, el pasado 5 de mayo la institución decidió unilateralmente poner término anticipado al contrato de la empresa Distribuidora de Productos Alimenticios S.A., imputándole una serie de supuestos incumplimientos que en la práctica no existieron o no tuvieron la entidad como para justificar tan drástica medida", sostuvo Calderón.

Frente a la misiva, el propio director de la Junaeb dijo a Diario Financiero: "No toleraremos que ninguna empresa ponga en riesgo el abastecimiento, continuidad y calidad de la alimentación de los escolares y párvulos pertenecientes a las familias más vulnerables de Chile".

En el caso puntual de Dipralsa, dijo que se verificó deficiencias gravísimas en la cadena de distribución, con alimentos en mal estado y sin trazabilidad de los lotes, lo que –sostuvo- pone en riesgo la salud de los niños que la reciben.

Además, aseguró que hubo entregas de un gran número de canastas incompletas e incumplimiento de plazos. "Estamos en medio de una pandemia y no permitiremos que ninguna empresa pretenda entregar un servicio deficiente con cargo a fondos públicos", señaló la autoridad, quien aseguró que las directrices a las empresas concesionarias, referentes al contenido, fechas y forma de distribución de la alimentación durante esta emergencia, han sido claras y que el servicio continuará exigiendo su cumplimiento "con mucha fuerza".

Por último, dijo que jamás se modificó la cantidad de canastas entregadas entre el primer y segundo ciclo. "En ambas etapas se distribuyó un volumen equivalente de 1.517.700 canastas, información que puede ser comprobada, incluso, con las órdenes de compra emitidas por Junaeb.", aseveró la autoridad.